viernes, 17 de octubre de 2008

Ensayo No. 3

Análisis de Coyuntura: Explotación Minera en San Marcos

En San Marcos existe
un problema serio de alto impacto ambiental y social, y este es el de la explotación minera en dicho departamento, específicamente en Sipacapa. Según una entrevista realizada a Marcuse por Friedrich Hacker en 1974 y un Ensayo realizado por el mismo Marcuse, “Tolerancia Represiva”, se hace un análisis de coyuntura sobre este fenómeno minero en Guatemala, desde el punto de vista de los pobladores de San Marcos.

Análisis Histórico
Después de la firma de la paz, se tramitaron varias solicitudes de extracción con el Gobierno de Guatemala. Esta situación de la minería de metales en Guatemala ha sido bien aprovechada por empresas transnacionales, pues hasta el 31 de julio del año 2003, el Ministerio de Energía y Minas tenía aprobadas y concedidas 247 licencias de explotación minera y 255 licencias de exploración minera, así como 21 solicitudes de reconocimiento minero. El MEM mezcla en su información la minería de metales (principalmente oro, plata, níquel, cobre, plomo y zinc) con la minería de minerales como mármol, granito, grava, arena, caliza, etc. Es importante señalar que un 95% de las concesiones de minería de metales fueron otorgadas desde el año 2000 a febrero de 2004, esto se debe principalmente a la entrada en vigencia del decreto 48-97 ley de minería.
[1] La mayoría de estas concesiones se hicieron bajo el mandato de Oscar Berger indicando que seria una oportunidad de desarrollo para el país por los ingresos que generaría la empresa y las fuentes de empleo. El gobernante nunca consideró consultar a los habitantes de la región occidental y mucho menos a la población en general, lo cual utilizó a los medios de comunicación, principalmente la prensa escrita, para vender la idea que este tipo de inversiones son fuente de empleo y un “camino” al progreso. Lo que la población no entiende, es que va causar serios daños al Medio Ambiente y amenazar la vida de un grupo de comunidades. De principio es posible observar como se utilizó la información a favor del gobernante y la transnacional para no levantar oposición alguna así como tampoco discordia dentro de la población, mucho menos en una población sin crítica debido a los altos niveles de analfabetización.

En el 2003, la empresa extractora Montana Exploradora (legalmente canadiense pero compuesta con capital canadiense y estadounidense, que se dedica a explotar oro y plata en varios países de Latinoamérica
[2]) comenzó a trabajar en San Miguel Ixtahuacán, uno de los 29 municipios del departamento de San Marcos en Guatemala. Fue así como se dio vida al proyecto Marlin, la cual es una mina de cielo abierto ubicada en San Marcos perteneciente a la compañía canadiense “Glamis Gold y Montana Exploradora”. [3] Esta siempre indicando que era una minería responsable, con proyectos para evitar el impacto ambiental y que traerían el desarrollo a las comunidades del departamento de San Marcos, lo cual difundían por la prensa escrita.

Al ser esta una transnacional, le da ciertas obligaciones y requisitos que cumplir según las normas internacionales. Es de esta forma como se involucra el Banco Mundial en este proceso. El Banco Mundial que dice interesarse por el desarrollo de los países del “tercer mundo” solía apoyar este tipo de proyectos hasta que, debido a las presiones contra este tipo de actividades mineras por su impacto, suspendió estos préstamos en el año 2001 con la llamada Revisión de Industrias Extractivas por otros países latinos. Sin embargo, en el 2005 se reanudó este tipo de financiamiento y Montana Exploradora fue la primera empresa en beneficiarse de esta acción en Guatemala y así es como el proyecto Marlin fue parcialmente financiado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM) con un préstamo de US $45 millones de dólares.
[4]

Según los cálculos de la empresa, las ganancias ascenderían a US$870 millones, de lo que sólo el 1% de le quedaría al Estado de Guatemala.
[5] Dejando a un lado éste tipo de desventajas económicas, es de suma importancia señalar los daños al medio ambiente y a los seres humanos que este tipo de actividades provoca; el cianuro es uno de los factores que más afectan la salud de las personas. El agua tendría un gran impacto debido a los desechos de la empresa y la contaminación de los residuos, lo cual amenaza la salud de los habitantes de San Marcos. Como consecuencia, estos habitantes de los municipios del mencionado departamento que viven de la agricultura y la siembra, les es indispensable tener un entorno “saludable”, es decir, tierra fértil y no desértica, agua (no contaminada) y aire puro. Expertos han opinado que la minería a cielo abierto es una de las actividades más dañinas, lo cual nunca se tomó en cuenta por parte del aparato gubernamental. Sin embargo, como requisito para recibir el préstamo del CFI, a la empresa minera se le requirió organizar consultas como un requisito para iniciar los trabajos de explotación.[6] Esta información nunca fue publicada con exactitud en los medios de comunicación, únicamente se publicaba de cuanto seria la inversión y cuanto generaría de ingresos la empresa. Esto generaba opinión en la población que se informaba por los medios de comunicación, sin conocer los verdaderos daños que le causarían a su patrimonio y sus compatriotas, pero, de haberlo sabido, ¿hubiese existido oposición por parte del resto de la población?

Desde su inicio, la sociedad civil (especificando las comunidades indígenas que son mucho más organizadas que el resto) ha tenido muchas preocupaciones sobre la mina y así, la Iglesia Católica, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) locales y grupos indígenas se han organizado para posicionarse en su contra­. Como reacción, las comunidades de Sipacapa decidieron realizar una consulta popular. De esta manera cada una de las 13 aldeas de Sipacapa llevaría a cabo una Asamblea Comunitaria donde se decidiría la aceptación o rechazo de la población sobre la actividad minera en su municipio. Esta iniciativa contaba con todo el respaldo de la Corporación Municipal y en especial de su Alcalde, Alejandro Mazariegos. El edil, junto al cardenal Álvaro Ramazzini impulsaron y apoyaron la consulta popular. El referendo se llevó a cabo el sábado 18 de junio de 2005 en medio de un ambiente confuso, ya que niños de la comunidad habían distribuido panfletos no firmados que decían que se cancelaba la consulta, así como estaciones de radio locales que decían lo mismo, sin embargo, se contó con la participación de las 13 aldeas. Ese día se contó con la presencia de 75 observadores nacionales e internacionales.
[7] Veáse como la sociedad se organiza para ejercer su derecho y crear oposición, sin embargo se podrá entender como el aparato, a través de sus influencias logra apaciguar este tipo de “desorden” o levantamiento. Este es uno de los sucesos precipitantes más importantes.

“Unos dos mil 600 vecinos de Sipacapa, San Marcos, participaron ayer en la consulta comunitaria sobre minería. De las 13 aldeas, 11 optaron por el “no”; en una de ellas ganó el “sí” y otra se abstuvo”, así indicaba la edición de Prensa Libre, el día domingo 19 de junio de 2005
[8]. Sin embargo, los gerentes de la Minera se opusieron y pusieron un amparo a dicha consulta. De esa forma, se negaron a dejar los trabajos ya que según los abogados, debía cumplirse la ley, es decir, debía trabajarse por el amparo. Situación que ningún medio le dio seguimiento. De igual manera, la transnacional uso sus influencias con resultados positivos, tanto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como Montana Exploradora pidieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y ante un tribunal, respectivamente, reclamando que la consulta era ilegal porque las decisiones sobre minerales eran competencia del gobierno nacional, que ya había aprobado el proyecto. El tribunal favoreció a Montana, mientras que la CC no lo hizo con el MEM, sin embargo, debido a la presión política el alcalde de Sipacapa, Alejandro Mazariegos, suspendió la consulta y se retiró del proceso. A pesar de esta situación, sólo una aldea de trece decidió retirarse del proceso. He aquí, como el aparato es represivo, a pesar, de haberse manifestado la voluntad de los pobladores, pero como los intereses del “Mercado” merecen una mayor atención.

Esta fue la primera vez en Guatemala que se realizó una consulta de este tipo, la cual fue percibida por los participantes como una señal de democracia en la región, mientras que Glamis y el Ministerio de Energía y Minas la descalificaron como ilegal. Es realmente inexplicable cómo las consultas realizadas por Glamis pueden ser consideradas como legales mientras las de los ciudadanos guatemaltecos no lo son. Es de esta forma como la sociedad no se pudo oponer y acepta sin mayor oposición a dicha resolución. A esto se le llama, tolerancia de la represión, aceptar vivir bajo un “totalitarismo democrático”. Es importante tener en cuenta que bajo el convenio 169 de los pueblos indígenas, y la ley municipal, la consulta popular es totalmente legal y debe ser respetada por las leyes nacionales.

Sin embargo, si existieron casos aislados de oposición por parte de los campesinos y habitantes de Sipacapa, los cuales fueron criminalizados en los medios de comunicación como hechos delictivos. Estos son otros hechos precipitantes e iniciadores de conflicto:
En marzo del año 2005 hubo disturbios en Sololá, debido a que centenares de campesinos se oponían al traslado de un cilindro usado en la minería, el cual era transportado por un vehículo de la empresa minera entre las carreteras del altiplano.
Asimismo, dos días después de la Consulta Comunitaria realizada el 18 de junio de 2005 en Sipacapa, San Marcos, ya habían varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el centro del municipio en precaución por cualquier “desorden público”. La presencia de la policía fue automáticamente rechazada por los pobladores al momento de presentar los resultados. Los pobladores sintieron la presencia de la PNC como un abuso y una ofensa, pues argumentaron que no necesitaban de los policías para llevar a cabo sus actividades, y en realidad, esto es un símbolo de represión contra el pueblo. Esto es una muestra ejemplar de la forma de pensar de Marcuse, como utilizar los medios que tiene el aparato estatal para dominar a la población.

Otro caso ocurrió durante los primeros días del año 2007, miembros de cinco comunidades de San Miguel Ixtahuacán se reunieron para tratar sus inquietudes respecto al proyecto minero que les afecta como comunidades aledañas, en medio de la desinformación con la que Montana llegó a montar sus operaciones, varios pobladores aún guardaban mucha confusión, por lo que, entre otras cosas, se planteaba renegociar el valor de tierras vendidas al proyecto minero años atrás. Al salir de la empresa, la seguridad privada les comenzó a atacar en un tono amenazante, según los campesinos atacados, fueron éstos quienes comenzaron a agredirles primero con piedras y luego con disparos. El caso fue llevado a los tribunales, donde –como se esperaba- se resolvió a favor de la empresa minera, y siete de los líderes comunitarios fueron acusados de amenazar, coaccionar, delinquir y agredir.
Otro hecho que fue mayor noticia, durante 2005, en el se intento de instalar un cilindro durante la construcción de la planta de la minera, y en un tramo de la carretera Panamericana, un grupo de de pobladores se opuso a que este siguiera su curso. Este fue combatido por medio de fuerzas de seguridad y la PNC, falleció una persona y otros 20 heridos, todos campesinos de Sololá. Este, es probablemente el hecho más detonante. Sin embargo, a pesar que este hecho si fue publicado en muchos medios, se criminalizo a los campesinos y pobladores de San Marcos y Sololá.

Así como éstos, hubo más casos aislados, que fueron publicados sin mayor repercusión, únicamente criminalizando a los pobladores de Sipacapa. Es decir, como se manipula la información a favor de una transnacional que tiene más poder incluso sobre el mismo Estado, y se puede observar como en mencionados casos, se utilizo el poder para mantener reprimida a una sociedad.

Análisis de situación
Este año se ha hecho aún más sensible los impactos que han recibido los vecinos del proyecto Marlin a causa de las operaciones mineras. Las comunidades aledañas se quejan de escasez de agua para el riego de cultivos y de la posibilidad de que el río Tzalá esté contaminado. Es ahora cuando aquellas promesas de “desarrollo” que la empresa les anunció a los pobladores, se quedan en mentiras. Los pobladores, lejos de mejorar su calidad de vida, enfrentan ahora problemas de subsistencia, como la escasez del agua y la posible contaminación de su entorno con metales pesados. Es decir, su salud esta en riesgo. También les preocupan el desmoronamiento de las viviendas como consecuencia de las vibraciones que genera la actividad minera. Uno de los problemas es que por la falta de centros de salud cercanos, los pobladores no pueden hacerse exámenes de los niveles de cianuro y otros contaminantes dentro su organismo, por ende, se vuelven problemas a largo plazo. Es lastimoso tratar de entender, como no es posible que se atiendan este tipo de situaciones.

El alcalde electo por Sipacapa, Delfino Tema, ha asegurado que los vecinos no tienen representatividad en la Comisión que debate ciertas modificaciones a la ley de minería que en la actualidad negocia el incremento de las regalías, de 1 a 3 por ciento; dijo “el Gobierno debe prestar mayor atención al tema minero y mantener controles más estrictos, a efecto de evitar que en otras comunidades ocurra lo que hoy padecen las aldeas de aquel municipio”. De acuerdo con el alcalde, ni el Ministerio de Energía y Minas ni el de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) han efectuado hoy una verificación profunda de la actividad de la mina Marlin y su impacto en las comunidades, como en la salud de los pobladores. Además, ha declarado que “si la empresa no es flexible y no cede espacio a la autoridad local, para que supervise sus actividades, que es obligación del alcalde, habrá problemas, porque las comunidades se están dando cuenta de que no es cierto lo que hablaban hace tres años. “Cuando estaban en la fase de la construcción, nos decían que nada malo iba a pasar, y lo pintaban todo muy bonito” indicó.
[9] Aquí se ejemplifica como los medios engañaron a muchos.

El 12 de septiembre del 2008, el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió una condena moral contra Montana Exploradora, S.A. a causa de daños al ambiente y a la población de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, luego de conocer éste y otros nueve casos de contaminación y deterioro de fuentes hídricas en todo el continente americano. Para el caso de la minera en San Marcos, la alcaldía de Socapa, la alcaldía comunitaria de Tres cruces y la comunidad del pueblo maya sipacapense demandaron a Montana por afectar a unos diez mil habitantes, ya que las explosiones para perforar pozos dentro de la mina y otras operaciones han causado la sequía de pozos y daños a viviendas en las comunidades cercanas. Es importante resaltar, que bajo los lineamientos de una empresa extractora internacional, se deben hacer muestreos del impacto al medio ambiente, en este caso, el Agua, y Montana hace referencia a que han realizado más de 40 muestras en distintos puntos del río en mención desde julio 2002 a la fecha y lo sorprendente es que Aseguran que la calidad del agua en los caudales ha excedido los lineamientos de mala calidad del Banco Mundial en dos ocasiones; en la primera aún no funcionaba Marlin, y se han defendido bajo las excusas son que los caudales están cerca de carreteras públicas, parcelas de terrenos agrícolas, entre otras.
[10]

El Tribunal recomendó que la empresa indemnice a la población de San Ixtahuacán y Sipacapa, además de considerar que hay una “alta probabilidad de liberación de aguas ácidas de los escombros de la mina, así como el riesgo de derrames con consecuencias graves para la población y el entorno en la cuenca del río Cuilco y subcuenca del río Tzalá, y las especies acuáticas.” (Prensa Libre, 13 septiembre 2008). Así mismo, el TLA hizo responsable al gobierno de Guatemala por permitir que continúen las operaciones mineras de alto riesgo, además de señalarlo por ignorar las consultas de los pueblos afectados y así incumplir con el Convenio 169 de la OIT. También se recomendó reformar la Ley de Minería. Finalmente, se dijo que el TLA dará seguimiento a los casos para verificar que las partes cumplan con los compromisos adquiridos.
[11]

En este contexto, cabe mencionar que los cálculos iniciales de la empresa del proyecto Marlin se basaban en un precio de venta del oro a US$350 la onza, precio que en tres años se ha triplicado. Es obvio que el negocio para la empresa va mejor de lo esperado, y no están dispuestos a dejarlo a un lado tan fácilmente. Tim Miller, director ejecutivo de Goldcorp en Ciudad de Guatemala, dice que la compañía ha traído muchas ventajas a la región. Entre las más importantes está el empleo. "Estamos pagando una suma de US$10 a 12 millones sólo en salarios a la gente en la comunidad local, y en Guatemala en general". También cita mejoras a las instalaciones de salud y educación, incluido un proyecto que está pagando el salario de dos profesores.
[12]

En Sipacapa se está viviendo un clima de desconfianza, miedo y resentimiento entre la empresa y los activistas mayas. En la actualidad, se pueden escuchar campañas mediáticas apoyadas por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en contra de la minería en Guatemala para hacer conciencia entre la población, donde se denuncian los impactos que la minería está teniendo en el país.

El día de hoy, 13 de octubre de 2008 se publico en Siglo XXI, que debido a los aumentos del precio del oro a nivel internacional, se tuvo que firmar un convenio para modificar los tributos de la empresa al Estado. Se le eliminara el beneficio de exoneración de impuestos a la empresa minera, por lo que pasara a cancelar IUSI e ISR, es decir más de Q32 millones en lo que resta del año. Sin embargo, los pobladores y el alcalde de Sipacapa no están conformes ya que indican que Q32 millones es “nada”, comparado a lo que genera de ingresos la minera, y los daños que le causa al ambiente.
[13]

Actualmente esta sucediendo algo de gran impacto en el occidente del país, al cual, ningún medio (escrito, televisivo o de radio) le da seguimiento. Existen situaciones alarmantes, las cuales deben ser tratados con urgencia para evitar males mayores a la población. Uno de los más serios es el de la competencia del Agua, al ser esta vital para la vida y la agricultura, es imprescindible su uso, por lo que la Minera esta afectando directamente a la población y es alarmante. Los vecinos se quejan que se corta el Agua a diario y no tienen acceso a ella. En un pequeño documental realizado por Álvaro Revenga con el apoyo de Guatevisión podemos apreciar otro índice muy preocupante y sorprendente es este: la empresa utiliza 250,000 mil litros de agua cada hora, cuando una familia campesina utiliza únicamente, 30 litros al día, es decir, lo que una familia usaría en 22 años, la empresa lo utilizaría en 1 hora.
[14]

Análisis prospectivo
Esta dicho que de seguir dándose la explotación minera sin ningún proyecto de protección ambiental, seguirá dándose un alto impacto en el entorno, en las comunidades de San Marcos, contaminando el agua, toda la agricultura, y a las personas. El cianuro es un mineral altamente contaminante, el cual puede provocar la muerte. El problema no queda únicamente encerrado en San Marcos, ya que muchos de los productos agrícolas, se reparte en todo el país, por lo que todos los guatemaltecos estamos expuestos a los daños.

Así mismo, de no respetarse los convenios, los pactos, y los trámites legales, se perderá totalmente la soberanía del país y otras empresas transnacionales vendrán a abusar a su antojo tanto al aparato estatal como a la sociedad guatemalteca. Es decir, manipularan a su interés, los medios nacionales, para reprimir a la sociedad, tal como lo hicieron con la PNC en Sipacapa.

Esta empresa minera no saldrá del país hasta haber terminado su respectivo derecho de extracción, sin embargo, de no haber un gobierno que cumpla las leyes, se preocupe por el medio ambiente y no respete la soberanía de las comunidades, darán una nueva concesión a la empresa para que siga trabajando en el occidente del país. Así como también podría dársele a una nueva empresa. Cercanamente, veremos el impacto ambiental y el de la salud de las personas, como ya lo ha hecho esta semana recién pasada el Monseñor Quezada Toruño, al mostrar unas fotos del daño que se le esta causando a los bosques del sector.

Al analizar los escenarios podemos diferenciar tres posibles procesos o alternativas, tenemos una primera que seria la deseable en la cual el Estado hiciera cumplir la decisión de los campesinos y la ley expulse a la Minera. De no hacer esto posible, lo ideal es que se crearan o aplicaran impuestos a la minera, o que esta misma utilice fondos para invertirlos en las comunidades, aldeas y caseríos de San Marcos, como construcción de escuelas, centros médicos, apoyo a los agricultores, carreteras, transportes, etc., y principalmente una inversión para el resarcimiento del medio ambiente debido a su deterioro. Otro aspecto que debe fortalecerse es el derecho en las comunidades del interior, y pues un escenario, demostraría que la sociedad y los grupos organizados tienen peso y no son tolerantes a la represión del Estado y de actores internacionales como es la transnacional. Es una forma de fortalecer el derecho y la democracia, tal cosa que es lo ideal, según Marcuse.

El escenario posible y probable, de continuar esta situación, el impacto ambiental va ser notable dentro de un corto plazo, las enfermedades entre los pobladores de la región fluirán y se harán públicas, entre estas se destacan las infecciones de piel, problemas respiratorios, problemas de mortalidad infantil, comezón y enfermedades en los niños. Una situación preocupante, de no aplicarse políticas preventivas, el agua estará totalmente contaminada y como consecuencia infectaría la agricultura y los cultivos, los cuales serian bloqueados y prohibidos por las autoridades.

El último escenario, no deseable no difiere mucho del probable, de forma, que ningún aspecto previsto en los que es posible que suceda es deseable ni aceptable dentro de los principios de la vida humana. Sin embargo, la situación podría agravarse, si el gobierno aumenta la concesión y el tiempo para que la Minera siga trabajando en San Marcos o cualquier otro departamento, así como aceptar nuevas mineras en el país. El deterioro ambiental y la explotación de nuestros bosques y recursos dejaran a nuestro país (población, territorio, gobierno, etc.) en serias condiciones de sub desarrollo (falta de alimentos, contaminación, enfermedades, una política fracasada, democracia fallida, etc.) y exterminando a las comunidades del interior que viven de los recursos naturales. Por la falta de soberanía política, otras empresas centraran su atención en nuestro país por la facilidad que este les otorga para invertir, explotar y destruir, algo que se visualiza como totalmente negativo para las condiciones en las cuales Guatemala se encuentra y como podrían empeorar.

[1] Revista Electronica Albedrio. http://www.albedrio.org/htm/noticias/gnib130605.htm.
[2] http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=1627
[3] http://www.bicusa.org/en/Article.2190.aspx
[4] Banco Mundial. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/0,,contentMDK:20421886~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336930,00.html
[5] Siglo Veintiuno. Edición Electrónica. http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias&noticiaid=3247
[6] Spang, Lyra. 2005
[7] http://www.prensalibre.com/pl/2005/junio/19/116942.html
[8] Idem.
[9] Artículo de Prensa Libre, 18 de marzo de 2008.
[10] El Periódico. http://www.elperiodico.com.gt/es/20070106/actualidad/35487/
[11] http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=1627
[12] Artículo de la BBC. 22 de agosto de 2008.
[13] http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias&noticiaid=3247
[14] Documental, Sipacapa no se Vende. Alvaro Revenga: http://mx.truveo.com/Sipacapa-NO-se-vende-parte-2/id/1972718317



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